martes, 25 de agosto de 2009

La Junta deja en manos municipales la autorización de obras en Parque Natural

Leído en el diario Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.
La construcción de casas en explotaciones agrarias no necesitará el permiso de Medio Ambiente, según el borrador de la nueva normativa andaluza
"Es un golpe de estado contra los Parques", opina Ecologistas
Jorge Garret
Media docena municipios gaditanos con terreno incluido en la reserva de Los Alcornocales se alzó hace un año contra las medidas de protección del Parque Natural aprobadas por la Junta de Andalucía en 2004. Con el liderazgo del regidor de Alcalá, el socialista Arsenio Cordero, la plataforma denunció que la normativa blindaba el espacio hasta tal extremo que la reparación de un tejado requería hasta nueve meses de trámites. Según los alcaldes, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión estaban provocando la separación del Parque Natural y los municipios, y se habían convertido en un lastre para el desarrollo de los pueblos. La queja se convirtió en una reclamación formal y Medio Ambiente se comprometió a estudiar el caso.
Su respuesta está articulada ahora en el borrador de un decreto para regular los usos y actividades en los Parques, una normativa que pretende ofrecer un marco común que garantice la "coherencia y homogeneidad" en la gestión de los espacios naturales y que sirva, además, para "simplificar y agilizar" la burocracia.
El documento divide las actuaciones en el Parque en dos grupos: las sometidas a la "autorización" de Medio Ambiente y aquellas que sólo quedarán sujetas a "comunicación previa" a la Administración regional. Es en el contenido de estos dos cajones donde el borrador incluye sus novedades más destacadas: la construcción de determinadas viviendas y edificios en explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas dentro de los límites del Parque Natural no necesitará, como ocurre desde 2004, la autorización previa de la Consejería. Eliminada esta exigencia, será suficiente con que el interesado obtenga la licencia municipal preceptiva.
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La edificación de casas -en suelo no urbanizable- deberá estar vinculada al "normal funcionamiento y desarrollo" de la actividad económica de la finca, y servir de residencia al titular de la explotación o al personal empleado en la misma. Sobre esta premisa, según el borrador, se podrán levantar viviendas sin la aprobación previa de la Junta de hasta 600 metros cuadrados incluyendo casa (200), patio e instalaciones complementarias, en parcelas forestales con un mínimo de 25 hectáreas, suelos de secano desde 5 hectáreas, explotaciones de regadío de más de 3 hectáreas, y en huertas con un mínimo de 1,5 hectáreas de superficie.
También quedan excluidos de la criba de Medio Ambiente los proyectos de casetas de aperos o instalaciones de servicios que no superen los 40 metros cuadrados y las naves de hasta 500 metros, siempre con superficies mínimas de explotación que varían en función del uso del suelo.
La Administración entiende ahora que este tipo de iniciativas no "ponen en peligro" los valores objeto de protección en los Parques Naturales y, por eso, rebaja sus exigencias administrativas. También elimina su supervisión previa, con condiciones, en planes de conservación y rehabilitación de edificaciones, apertura de vías de saca, limpieza de márgenes y dragado en los canales en zonas regables, e instalación de vallados y cerramientos, según recoge el borrador del decreto.Otra de las novedades que introduce el documento es la aprobación de nuevos edificios -"en ausencia de ubicación alternativa"- para la implantación de usos industriales, terciarios o turísticos "no residenciales" que sean declarados de interés público.
Por último, Medio Ambiente articula un "principio de celeridad procedimental" en la gestión de Parques: se compromete a resolver autorizaciones en un plazo de tres meses y declarará estimada la solicitud si no hay respuesta notificada en dicho plazo.
Ecologistas en Acción considera que el proyecto es "un despropósito" de la Junta y un "golpe de estado contra los Parques Naturales" de la región. A juicio del colectivo, la reducción de la superficie mínima para construir amenaza con "llenar" los espacios protegidos de chalés de hasta 600 metros cuadrados y "casitas" de 40. "La Administración confunde simplificar con hacer desaparecer, y agilizar con no supervisar y con ampliar la permisividad. No se disminuyen trámites ni plazos de autorización, sino que se eliminan autorizaciones preceptivas y se reducen las superficies mínimas para construir viviendas y demás infraestructuras", criticó la agrupación conservacionista. La suya es la primera voz en el debate público al que todavía debe someterse el decreto.

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